Enajenación de activos ¿Necesasitamos autorización judicial?


El artículo 43.2 de la Ley Concursal, viene a dejar una regla general sobre la que en principio parece gravitar todo el proceso concursal: “Hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podrán enajenar o gravar los bienes y derechos que integran la masa activa…”
Sin embargo tal prohibición no es ni mucho menos absoluta, puesto que el propio precepto en el citado apartado y en el siguiente, deja abiertas dos salidas para eludir la regla. En primer lugar el precepto interpretado a “sensu contrario” nos permite concluir que “se podrán enajenar y gravar los bienes y derechos que integran la masa activa, con la autorización del juez”.
En segundo lugar el apartado 3 del precepto regula las situaciones que vamos a analizar en el presente artículo, aquellos supuestos en que se pueden enajenar bienes y derechos del activos sin tan siquiera la autorización del juez.
En su anterior redacción el apartado mencionado exceptuaba de la necesidad de autorización única y exclusivamente a aquellos actos de disposición inherentes a la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor en los términos establecidos en el artículo 44.
Se refiere a los actos propios del giro o tráfico mercantil, venta de stock o mercancías, asunción de obligaciones derivadas de este giro. La ley establece varios requisitos, en primer lugar que sean actividades imprescindibles para la continuación de la actividad empresarial, en segundo lugar que se ajusten a las condiciones normales del mercado, y en tercer lugar que cuenten con el visto bueno de la administración concursal. En una situación de intervención, la administración concursal, puede autorizar con carácter general aquellos actos propios del tráfico mercantil del la concursada, que determine atendiendo principalmente a su naturaleza y cuantía.
Ahora artículo 43.3 de la LC tiene una nueva redacción dada por la Ley 38/2011, de reforma de la Ley Concursal, (BOE 11.10.2011) En vigor desde el 1 de enero de 2012 (Disposición final tercera, 1, ley 38/2011) siendo de aplicación a los concursos en tramitación a su entrada en vigor (Disposición Transitoria segunda 2, Ley 38/2011).
Con la reforma se amplía la excepción a dos supuestos más:
1º Los actos de disposición que la administración concursal considere indispensables para garantizar la viabilidad de la empresa o las necesidades de tesorería que exija la continuidad del concurso. Deberá comunicarse inmediatamente al juez del concurso los actos realizados, acompañando la justificación de su necesidad.
2º Los actos de disposición de bienes y derechos que no sean necesarios para la continuidad de la actividad cuando se presenten ofertas que coincidan sustancialmente con el valor que se les haya dado en el inventario. Se entenderá que esa coincidencia es sustancial si en el caso de inmuebles la diferencia es inferior al diez por ciento, y en el caso de muebles de un veinte por ciento, y no constare oferta superior. La administración concursal deberá comunicar inmediatamente al juez del concurso la oferta recibida, y la justificación del carácter no necesario de los bienes. La oferta presentada quedará aprobada si el plazo de diez días no se presenta una superior.
Es de agradecer la inclusión de estos nuevos supuestos de venta, sin necesidad de autorización judicial, sin embargo,
Entrando a analizar estos nuevos supuestos podemos decir que, según el nuevo apartado 43.3.1º, la administración concursal puede enajenar bienes con el objetivo de garantizar la viabilidad de la empresa o garantizar las necesidades de tesorería.
Siendo una de las características de este precepto que no excluye de la citada facultad los bienes necesarios para la continuidad de la actividad. Por lo que ante el juez, la administración concursal no necesitará analizar la naturaleza del bien y su relación con la actividad de la concursada, sino simplemente la necesidad de garantizar la viabilidad de la empresa o las necesidades de tesorería.
Otra de las características del precepto es la celeridad puesto que no requiere comunicación previa al Juzgado, sino que la comunicación se realizará con posterioridad a la realización del acto de disposición, comunicación a la que se acompañará justificación de su necesidad.
Respecto al apartado 2º del artículo 43.3, se derivan del mismo dos requisitos mínimos a la sazón, que se trate de bienes que sean necesarios para la continuidad de la actividad, y en segundo lugar que las ofertas que se presenten, coincidan “sustancialmente” con el valor de los bienes inventariados. En este sentido en el mismo precepto se fijan los parámetros para determinar cuándo una oferta puede considerarse sustancialmente igual que el valor de los bienes inventariados.
Sin embargo parece que el legislador ha obviado que como algunos especialistas viene refiriendo, se hace imposible o cuando menos muy difícil que ante una situación de crisis empresarial el mercado reaccione de modo normalizado, así, por ejemplo es habitual que las ventas que realiza el concursado se efectúen con importantes descuentos o que se devalúen considerablemente algunas mercaderías que, con el transcurso de un breve plazo de tiempo, pueden llegar incluso a carecer de valor efectivo.
En todo caso el hecho de que estos actos no requieran autorización del Juez no determina que el Juez no pueda y deba tener conocimiento de los mismos y que tanto éste como los administradores concursales ponderen la trascendencia de dichos actos en orden a mantener o cesar la actividad empresarial conforme permite el artículo 44.4 de la Ley Concursal.

Francisco José Pérez Corpas
Abogado laboralista Málaga
Socio de Ramírez-Pedrosa Corpas y Herrero Abogados. Málaga.
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