Responsabilidad de la empresa en la prestación de desempleo por descubiertos de cotización

En el caso de que el empresario tenga trabajando para él a un trabajador sin darle de alta en la seguridad social, además de las sanciones que tal actuación le puede acarrear también se puede producir una muy probable declaración de responsabilidad por las prestaciones de desempleo que se le reconozcan a éste trabajador.

Ésta responsabilidad se recoge en el artículo 32 del Real Decreto 625/1985 de 2 de abril (BOE nº 109, de 7 de mayo) que establece que en caso de que se compruebe la falta de alta de un solicitante de desempleo, además de procederá a informar a la inspección de trabajo, se podrá proceder a declarar la responsabilidad de la empresa en el pago de la prestación por desempleo.

Sin embargo, además de los casos de falta de alta, algunas empresas desconocen que en caso en que se produzca un descubierto en la seguridad social, también se incurre en responsabilidad por las prestaciones. Éste es el caso en que se puede encontrar una empresa que coyunturalmente por falta de liquidez no puede hacer frente al pago de los seguros sociales de sus trabajadores.

En este caso tal responsabilidad se rige por el artículo 31 del Real Decreto 625/1985 de 2 de abril que dispone que en los supuestos de descubierto hay que acudir a  lo establecido con carácter general en materia de responsabilidad empresarial respecto de las prestaciones de la Seguridad Social y en concreto lo dispuesto en los artículos 126 y 127 de la anterior LGSS.

El artículo 126.2 disponía: “El incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas y de cotización determinará la exigencia de responsabilidad, en cuanto al pago de las prestaciones, previa la fijación de los supuestos de imputación y de su alcance y la regulación del procedimiento para hacerla efectiva.”

Otras consideraciones
Ésta genérica previsión que no ha cambiado mucho en su redacción actual se complementa con las previsiones contenidas en los arts. 94 a 96 LASS, siendo así que en tal sentido se manifiesta la DT Segunda del Decreto 1645/1972 (“En tanto se dicten las disposiciones en las que se determinen las circunstancias a que se refiere el número 1 del art. 17 de la Ley 24/1972, se aplicarán las normas contenidas en los arts. 94, 95, 96 y 97, número 1 y 2, de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966”), en términos que la doctrina unificada considera vienen a atribuir a la citada normativa valor deslegalizado, pues aunque es cierto que existen dudas doctrinales razonables acerca de su vigencia con carácter reglamentario, no lo es menos que existe una doctrina jurisprudencial reiterada que, constituida en doctrina legal y fuente complementaria del derecho como prevé el art. 1.6 CC, ha entendido que hasta tanto no se dictara las previsiones de desarrollo del art. 126 LGSS, deben considerarse aplicables como normas reglamentarias aquellas de la Ley de 1966 por todas la SSTS 03/07/2007 que dispone que hay que tener en cuenta:

Los incumplimientos en orden a la declaración de la responsabilidad empresarial deben tener trascendencia en la relación jurídica que genera la prestación, de forma que si el incumplimiento no tiene trascendencia en orden al reconocimiento y la cuantía de la prestación no procede la responsabilidad empresarial.
La justificación de esta doctrina se halla –incluso– en criterios de legalidad constitucional, puesto que el incumplimiento de la obligación de cotizar no extingue las relaciones de Seguridad Social, sino que el impago de las cotizaciones constituye una infracción sancionable administrativamente  y da lugar al cobro de dichas cotizaciones por vía ejecutiva con abono de los recargos procedentes (art. 33 LGSS), de forma que para no vulnerar el principio constitucional «non bis in idem» la responsabilidad empresarial tiene que vincularse a un incumplimiento con trascendencia en la relación jurídica de protección, pues en otro caso se sancionaría dos veces la misma conducta.
La aplicación de criterios de proporcionalidad en la determinación del alcance de la responsabilidad, conforme a los cuales se aplica el módulo de proporcionalidad en la responsabilidad tanto en los supuestos de descubiertos de cotización temporales como en los que traen causa en cotización inferior a la debida, de forma que la responsabilidad empresarial incluso en los supuestos de incumplimientos que impiden al trabajador cubrir el período de carencia, atendiendo a la parte proporcional correspondiente al período no cotizado sobre el total de la prestación. De esta manera, se hace responsable a la empresa y al INSS en proporción a la influencia que el defecto de cotización haya tenido en la cuantía de la prestación.
Por tanto toda resolución que se dicte en materia de responsabilidad empresarial debe tener en cuenta y valorar los citados criterios.

En especial que el descubierto de cotización tenga relevancia sobre el reconocimiento de la prestación del concreto trabajador de la empresa, y también aplicar los criterios de proporcionalidad en la determinación del alcance que el defecto de cotización tuvo sobre la cuantía de la prestación reconocida a trabajador.

En consecuencia si la resolución no tiene en cuenta esto se puede considerar que adolece de vicio de nulidad por carecer de motivación conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común y 126.2 de la Ley General de la Seguridad Social, y la doctrina jurisprudencial recogida entre otras en la STS 03/04/2007.

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